El derecho de supresión de datos, también conocido como el "derecho al olvido", se refiere al derecho de los individuos a solicitar la eliminación de sus datos personales de los registros de una empresa u organización. Este derecho se reconoce en la Unión Europea (UE) a través del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.
El derecho de supresión de datos se puede ejercitar en ciertas circunstancias, por ejemplo, si los datos personales han sido recopilados ilícitamente, si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados, o si el individuo se opone al tratamiento de sus datos y no existen motivos legítimos para superar esa oposición.
Si se ejercita el derecho de supresión de datos, la empresa u organización debe garantizar que los datos personales sean eliminados de forma segura y completa. Esto significa que los datos no deben poder ser restaurados ni accesibles de ninguna otra forma.
El derecho de supresión de datos es un derecho importante, pero no es absoluto. Hay excepciones en el GDPR que permiten que los datos personales se traten y almacenen, a pesar de una solicitud de supresión. Por ejemplo, si se requieren los datos para el cumplimiento de una obligación legal o para la protección de los derechos de otra persona.
El derecho de supresión de datos es una de las principales novedades introducidas por el GDPR y se ha convertido en uno de los temas más relevantes para las empresas y organizaciones que tratan datos personales. Si bien el derecho de supresión de datos no es una nueva idea, el GDPR lo ha puesto en el foco a nivel nacional e internacional, y ha generado un debate sobre cómo se debe aplicar en la práctica.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), reconoce el derecho de supresión de datos ("derecho al olvido"), que permite a las personas solicitar la eliminación de aquellos datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados o cuando su tratamiento no se ajuste a lo previsto en la normativa. Este derecho, regulado en el artículo 17 de la LOPD, se puede ejercitar frente a cualquier responsable de ficheros (personas físicas o jurídicas, públicas o privadas) que traten datos personales.
Para ejercer este derecho, el interesado deberá solicitarlo por escrito al responsable del fichero. En la solicitud deberá identificarse y especificar qué datos personales desea que sean suprimidos, así como la finalidad o las finalidades del tratamiento para las que fueron recabados.
El responsable del fichero deberá atender la solicitud del interesado en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la misma. Si transcurrido este plazo el responsable no hubiera dado respuesta, se entenderá que ha sido desestimada la solicitud. No obstante, el interesado podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
De acuerdo con el RGPD, el interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales en los siguientes casos:
Para solicitar la supresión de sus datos, el interesado debe presentar una solicitud por escrito al Responsable, en la que se especifique el motivo para la supresión. Si el Responsable considera que la solicitud es procedente, deberá proceder a la supresión de los datos personales del interesado en un plazo de un mes, a partir de la recepción de la solicitud.
En algunos casos, el Responsable puede denegar la solicitud de supresión de datos, especialmente si el tratamiento de los datos es necesario:
El derecho de supresión de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a ciertas excepciones. En concreto, el derecho de supresión no podrá ser ejercido en los siguientes casos:
En general, el derecho de supresión no será aplicable en aquellos casos en los que el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal o para la tramitación de una solicitud de asilo.
Existen diversas formas en que se puede difundir información a través de la red digital. Las personas pueden compartir imágenes, videos, textos e incluso archivos. Sin embargo, a veces esta información puede ser inadecuada o incluso perjudicial para ciertas personas. En estos casos, es posible que la persona afectada desee que se supriman esos contenidos de la red digital.
Por lo general, la supresión de contenidos se puede solicitar a la persona que los ha publicado o al proveedor de servicios de Internet que los ha alojado. En algunos casos, también es posible solicitar la supresión de contenidos a los motores de búsqueda, como Google. Sin embargo, no siempre es posible eliminar completamente la información de la red digital. Por ejemplo, si un video se ha vuelto viral, es posible que siga existiendo en Internet, aunque ya no esté disponible en el sitio web original.
En algunos casos, la solicitud de supresión de contenidos puede ser un proceso complicado y largo. También es posible que la persona que ha publicado el contenido no esté de acuerdo con la solicitud y decida no eliminarlo. Por esta razón, es importante considerar cuidadosamente si se desea solicitar la supresión de contenidos de la red digital.